Tala ilegal acaba con cobertura forestal

Christian González

Tuxtla Gutiérrez (Diario Ultimátum). El territorio chiapaneco padece en la actualidad uno de sus peores momentos en cuanto a la tala inmoderada, y prueba de ello es que, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), alrededor del 90 por ciento de la madera que se comercializa en nuestro territorio proviene de una práctica ilegal o clandestina.

 

Con base en una fuente extraoficial, otro dato “estremecedor” es que ni esa misma dependencia sabe en estos momentos cuánta madera legal circula por los 800 negocios como aserraderos, madererías y carpinterías que cuentan con la autorización correspondiente para operar en Chiapas.

Aunque el problema del “ecocidio” de los bosques y selvas se remonta, según expertos y las mismas autoridades, a los años 70’s, el asunto se agravó durante los dos últimos sexenios que encabezaron los gobiernos de Juan José Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello.

“La tala ilegal siempre ha existido, pero nunca había llegado a los niveles de los últimos 12 años, pues los gobiernos fueron muy tolerantes”, dejó en claro René Gómez Orantes, presidente de la asociación civil “Bosques y Gobernanza.

Para él, si se registró un fracaso en este tema no solo recae en la Profepa, sino que las causas son múltiples y al final de cuentas “la responsabilidad” les compete a todos los actores inmersos en la política.

“Porque uno de los problemas que encontrábamos es que si acudías a la Conafor a denunciar cuestiones de tala, te decían que eso le competía a la Profepa, o acudías a la Semarnat, y también te mandaban a la Profepa”, lamenta el también representante de la organización de Silvicultores de los Cuxtepeques.

SAQUEO ES IMPARABLE. De acuerdo con datos obtenidos de habitantes de Betania, municipio de Teopisca, se evidenció que a diario, entre 40 y 50 camiones “repletos de trazas” salen hacia otros destinos de la entidad para su comercialización. Además, otro “foco rojo” en la actualidad es Comitán y localidades aledañas de la región Fronteriza, donde los talamontes “no han tenido piedad” de los ecosistemas.

Con base en el Centro de Investigaciones con Visión para Mesoamérica de la Universidad Autónoma de Chiapas, en las últimas décadas el estado ha perdido al menos el 70% de su masa forestal, producto no solo de los talamontes, sino del crecimiento de la mancha urbana y de otras actividades como la agrícola y la agropecuaria.

Al respecto, Vicente Castro Castro, investigador de dicho centro, la tala clandestina se amplió de una manera preocupante, y ahora los bosques son amenazados con más fuerza, aun aquellos que están en áreas naturales protegidas (ANP’s), panorama que también es similar en el proceso de desarrollo y aprovechamiento forestal oficial o regulado, “porque ahora ya talan en plantaciones forestales privadas”.

La problemática que ya se vive, asevera, es el impacto en la erosión de los suelos, debido a que no se ejecutan actividades complementarias de reforestación, lo que conlleva a la pérdida de hábitats, de biodiversidad y de la capacidad de capturar carbono para contribuir a la mitigación del cambio climático.

Para él, añade, el problema se ha agravado porque además no existe un plan de desarrollo urbano, por lo que las urbes han crecido de manera desordenada y a costa de todo; “no existe esa regulación adecuada, entonces hablamos de varios factores”.

A esto se le suma, agrega el especialista, la situación con los incendios que se originan por un mal manejo de fuego en el sentido de los terrenos agrícolas.

Para Sandra Urania Moreno Andrade, profesora investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), lo que preocupa en la actualidad es el desmonte reciente para ocupar espacios para la agricultura.

Ante este “ritmo”, advierte que en Chiapas ocurriría una situación similar a la de Michoacán, como los “umbrales del deterioro”, es decir que ha habido deterioro de los recursos naturales, como los forestales, “hay una subestimación del tráfico ilegal de maderas, porque observamos poco, pero la devastación es más importante”.
Por ello, opina que se tiene que reforzar de nueva cuenta todo el mecanismo para que las instancias que antes aprobaban o no los aprovechamientos forestales, apliquen la ley, porque no es posible —enfatiza— “que se siga con una mirada a medias, con una miopía por parte de esas autoridades”.

Para los expertos, como René Gómez Orantes, es urgente estimular a las comunidades, sobre todo indígenas que tengan bosques y que cuenten con las posibilidades de aprovechamiento, “pues apoyarlas”.

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