Gobierno “quiere generar conflicto interno” para no reconocer a desplazados de Chenalhó: Las Abejas de Acteal

—Víctimas de masacre y desplazamiento en 1997 se ampararon hace como 2 meses, pero las autoridades se niegan a aceptar culpabilidad, reconocerlas como tal y repararles el daño

Fotografía: Marco A. Rangel

Christian González

Tuxtla Gutiérrez (Ch24/7). La actual administración de Chiapas, encabezada por el gobernador morenista Rutilio Escandón Cadenas, se rehúsa a reconocer a las 308 personas desplazadas tras la matanza de Acteal, Chenalhó en 1997 y, por el contrario, comenzó a generar división en las comunidades para evadir esa responsabilidad.

Así lo advirtieron este lunes, a las afueras del Poder Judicial Federal, los afectados de ese hecho, su abogado y peritas que forman parte de un amparo que, hace como dos meses, fue interpuesto para que las víctimas sean escuchadas, reconocidas como tal y, además, reciban una reparación integral de los daños ocasionados en esa época del conflicto.

“La Secretaría General del Gobierno chiapaneca citó a una reunión a los agentes rurales de 12 comunidades donde vivimos los quejosos, para tratar el juicio de amparo que presentamos el pasado 29 de octubre, y posterior a ello comenzó un hostigamiento en contra de representantes e integrantes de nuestra agrupación, ‘Las Abejas’”, advirtió Patrocinio Hernández, víctima y vocero de los afectados.

Ejemplificó que Juan Jiménez Rodríguez, originario de la comunidad Tzanembolom y una de las 19 autoridades que firmaron el amparo, han sido presionadas para desistir de esa acción legal.

Comentó que, con esta demanda presentada, buscan generar un precedente judicial de manera que haya condiciones o garantías de no repetición de hechos, pues han observado que las autoridades, dijo, normalizaron la violencia y, por ende, el desplazamiento forzado.

“Los mismos medios (de comunicación) han documentado que, al menos Chenalhó, es un epicentro de desplazamiento forzado, y por eso buscamos, con el amparo, que se den políticas públicas para prevenir esas acciones que beneficiarían no sólo a 308 personas, sino a todos los grupos que sufren eso”, reiteró.

AUTORIDADES NO QUIERNE RECONOCER CULPA. Sandino Rivero, abogado de “Las Abejas”, comentó que el amparo es extenso, debido a que en él están contempladas 23 autoridades estatales y federales, de las cuales sólo 16 han contestado la demanda, mediante un informe justificado. 

De hecho, detalló que todas las autoridades federales negaron haber cometido desplazamiento, y que no tienen responsabilidad, por lo que, según ellas, son las locales las que tendrían que responder. “Lo que también reclamamos en el amparo es el derecho a la vivienda, salud, educación, entre otros… es decir, que la reparación sea integral”.

Dejó en claro que una de las pruebas que ofrecieron es un dictamen en materia socio-antropológica, rendido por dos peritas, quienes acudieron este lunes al Poder Judicial Federal para ratificarlas. 

Por su parte, Erika Liliana López, una de las especialistas en peritaje socio-antropológico, expuso que recabaron todo lo ocurrido en el marco del desplazamiento armado desde 1994 hasta la fecha en la que se registró la masacre y luego el desplazamiento. 

“El desplazamiento, si bien se dio en el marco del conflicto armado después de emergencia del EZLN, no se debe o no está relacionado con el EZ o los conflictos comunitarios, como ha sido la versión oficial y la más conocida, sino que se derivó de la guerra de baja intensidad que el Estado desarrolló para combatir al Ejército Zapatista; es decir, la estrategia contrainsurgente”, aseveró.