Red de corrupción en el ayuntamiento de Tuxtla: contratos inflados y empresas fantasma
Tuxtla Gutiérrez (Ch24/7). La gestión de Ángel Carlos Torres Culebro, al frente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se ha visto envuelta en serias acusaciones de corrupción y falta de transparencia. De acuerdo con la regidora Areli Guadalupe Latournerie Castellanos, respaldada por su homólogo Francisco Antonio Rojas Toledo, existen pruebas de un esquema bien organizado para desviar recursos públicos mediante compras infladas, compañías de fachada y sobrecostos evidentes en adquisiciones municipales.
Según la denuncia, tan solo en diciembre de 2024 se detectaron irregularidades por más de 1.2 millones de pesos. Empresas como Exacto Productos Innovadores y Servicios Integrales e Ikal Promotora de Servicios Integrales para la Construcción han cobrado cantidades exorbitantes por servicios y productos a precios desproporcionados. El caso de Ikal Promotora resulta especialmente llamativo, ya que desde un domicilio en León, Guanajuato, emitió facturas con sobreprecios que van de los 9 mil hasta los 73 mil pesos. Estos patrones repetidos sugieren un fraude planeado y no simples errores administrativos.
El historial de Torres Culebro refuerza las sospechas: cuando fue secretario de Obras Públicas del estado, fue señalado por el presunto desvío de más de 58 millones de pesos mediante empresas fantasma, en complicidad con el entonces secretario de Salud, Pepe Cruz. Lo que hoy ocurre en la alcaldía parece ser la continuidad de esas mismas prácticas.
Uno de los contratos más cuestionados es el de Servicios Médicos Institucionales S.A. de C.V. (SALUTI), responsable de la atención médica de los empleados municipales. El acuerdo, que podría alcanzar los 100 millones de pesos al año, se otorga sin licitación ni competencia, consolidando un monopolio millonario en beneficio de unos cuantos, mientras hospitales públicos como los del IMSS-Bienestar padecen falta de medicamentos e insumos básicos.
Las denuncias también apuntan a que el alcalde forma parte del Grupo Tabasco, una red política vinculada a múltiples escándalos de desvío de fondos. Su cercanía con la fallecida Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto, lo ubica dentro de una estructura de poder que aprovecha su influencia política para enriquecerse con recursos del erario.
La situación exige respuestas inmediatas. No basta con que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Congreso local revisen los contratos; se requiere una intervención firme para detener el saqueo de las arcas municipales. Mientras tanto, Torres Culebro continúa operando bajo el mismo patrón: usar el dinero público como si fuera propio.
