Indígenas tsotsiles encarcelados por homicidios que no cometieron, piden su libertad

—Familiares y ONG´s exigen la libertad de Marcelino, Abraham y Germán, quienes también han sido víctimas de tortura

Fotografía: Marco A. Rangel

Christian González / La Silla Rota

Tuxtla Gutiérrez (Ch24/7). Marcelino Ruiz Gómez y los hermanos Abraham y Germán López Montejo, todos indígenas tsotsiles, fueron encarcelados de forma injusta desde hace 18 y 13 años, respectivamente, por diferentes casos pero por un delito similar: homicidio.

Por ello, este jueves, familiares y representantes del Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y del Grupo de Trabajo “No Estamos Todxs” exigieron a las autoridades chiapanecas, frente al Palacio de Gobierno de esta ciudad capital, revisar los casos y liberarlos.

Están convencidos, coincidieron, en que ellos, al igual que los también indígenasJuan de la Cruz y Adrián Gómez Jiménez, liberados en 2019 y 2021, de forma respectiva, son inocentes de los delitos que les imputan, además de que también fueron víctimas de tortura física y psicológica para que, en su momento, aceptaran su culpabilidad.

Susana de la Cruz, hermana de Juan de la Cruz y parte del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, recordó que, en el año 2019, todos los personajes antes mencionados efectuaron una huelga de hambre de 135 días para solicitar al gobierno la revisión de sus expedientes, los cuales estaban plagados, aseveró, de “graves violaciones” a sus derechos humanos.

A partir de esa lucha, añadió, han vivido una serie de hostigamientos y amenazas por exigir justicia para ellos, “por alzar la voz y no callar los hechos injustos y crueles”. Además, dijo, por solicitar que se les repare el daño ocasionado.

Por su lado, Virginia Gómez López advirtió que su hijo Marcelino Ruiz, hoy de 40 años de edad y quien se dedicaba al comercio, ha permanecido desde hace casi dos décadas en la cárcel de Comitán, “pero no dejamos de luchar, a pesar de que ya no tenemos recursos; por eso ya no he podido visitarlo desde hace como un mes”.

Comentó también que el sufrimiento es mayor porque él tiene cuatro hijos menores de edad, por lo que insistió en que lo dejen libre, pues “no cometió el homicidio en San Cristóbal de Las Casas; a mi hijo le metieron una bolsa en la cabeza, lo golpearon; y por ello tiene que cumplir una condena de 25 años, pero es inocente”.
De acuerdo con el “Frayba”, desde el año 2019 a la fecha han documentado alrededor de 130 casos de fabricación de delitos y tortura en contra de pobladores indígenas.

Entre otros datos, esa ONG advierte que el 99 por ciento de los casos están parados en la Fiscalía Antitortura, es decir que no hay avances significativos.

REPARACIÓN DEL DAÑO, LA OTRA DEUDA

Por su parte, Eva María Ruiz Pérez manifestó que, a pesar de que su hijo Juan de la Cruz quedó libre en 2019, el daño está hecho, mientras el verdadero asesino permanece en libertad, “feliz de la vida”.

Ahora le exigimos al gobierno la reparación del daño, porque (su hijo) perdió toda su juventud en la cárcel, y eso ¿quién lo repara? Queremos que nuestras voces sean escuchadas, para que también queden libres los hermanos López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez”, mencionó.

Juan Pablo Nava, representante del Grupo de Trabajo “No estamos Todxs”, advirtió que, como los antes mencionados, es común que, a las personas, sobre todo de pueblos indígenas, los torturen para que se autoinculpen, y de esa manera se cumplan todas las violaciones al debido proceso.

A esto se le suma, agregó, que carecen de un defensor adecuado y de un traductor, “eso hemos visto que se cumple cotidianamente”.

De acuerdo con los casos que han seguido a lo largo de los años, advirtió que en la mayoría de los casos se trata de inocentes, a quienes se les persigue, dijo, porque pertenecen a poblaciones vulnerables.

Pese a que hay un nuevo régimen con la llamada “Cuarta Transformación”, aseveró que no ha habido un cambio positivo, debido a que la tortura aún se comete y no solo contra población indígena, sino en general. “La fabricación de culpables sigue siendo un modus operandi del Estado”.

En su oportunidad, Pedro Faro Navarro, director del “Frayba”, reconoció que la tortura y la fabricación de delitos son un “flagelo” en Chiapas, “eso está en el DN de las mismas fiscalías, a pesar de que existe una Antitortura, o declaraciones del presidente que dice que ya no hay tortura en México”.

Entre otros detalles, refirió que todos los casos están viciados y, además se acumulan violaciones al debido proceso, “luego, el Estado no responde a la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, cuando ésta le dio un plazo de seis meses, ya transcurrieron cinco, y por eso le exigimos que cumpla con esos compromisos internacionales”.