Omisión municipal en Tuxtla agrava conflicto ambiental en Emiliano Zapata
Pese a tratarse de un área natural protegida y a las facultades del Ayuntamiento para regular el uso de suelo, el gobierno del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, no ha actuado para frenar las operaciones de empresas trituradoras
A. Chávez
Tuxtla Gutiérrez (Ch247). La presión social aumenta en el ejido Emiliano Zapata, en la zona de la Escuela de Veterinaria, donde habitantes acusan que empresas trituradoras y productoras de asfalto continúan operando dentro de un área natural protegida, sin que exista una intervención efectiva de las autoridades.
Vecinos señalan a firmas como Grupo Tapachula, Agita, Concretos del Soconusco, Proxa y Triturados y Agregados del Valle por mantener actividades de extracción de material pétreo, detonaciones con explosivos y emisión constante de polvo, lo que —afirman— ya ha provocado afectaciones en viviendas y problemas de salud.
Aunque el caso ya llegó al ámbito federal, las operaciones siguen en marcha. El Juzgado Quinto de Distrito en Chiapas, encabezado por el juez Eduardo Molinar, negó la suspensión que hubiera frenado los trabajos, limitándose a exhortar a las autoridades a actuar.
Sin embargo, el punto que ha encendido aún más la inconformidad ciudadana es la actuación del gobierno municipal. Habitantes responsabilizan directamente al alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, por permitir que estas actividades continúen sin control.
Señalan que, más allá de resoluciones federales, el Ayuntamiento tiene facultades claras en materia de uso de suelo, supervisión y sanción de actividades irregulares, por lo que su inacción ha sido interpretada como omisión. A esto se suma que, pese a tratarse de una zona ambientalmente sensible, no se han aplicado medidas visibles para frenar o regular las operaciones.
En paralelo, los acuerdos alcanzados en mesas de diálogo con la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Dulce María Rodríguez Ovando, tampoco se han cumplido, lo que ha profundizado la desconfianza hacia las instituciones.
Mientras tanto, las detonaciones continúan, incluso cerca de escuelas, generando temor entre la población.
Para los habitantes, el problema ya no es solo ambiental: es un reflejo de la falta de acción de las autoridades, con el gobierno municipal en el centro de las críticas.
