Siete meses presos: denuncian fabricación de delitos contra tres servidores religiosos
Fotografía y texto: Marco A. Rangel
Tuxtla Gutiérrez (Ch24/7). A siete meses de la detención de Orbey Juárez Juárez, José Julián López Juárez y Orlando de Jesús López Gómez, organizaciones de derechos humanos, representantes de la Iglesia católica y familiares exigieron su libertad y denunciaron presuntas violaciones graves a sus derechos humanos.
Los tres servidores eclesiales de la Arquidiócesis de Tuxtla fueron detenidos el 22 de enero de 2026, en la comunidad de Estoraque, municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán. Sus acompañantes aseguran que fueron detenidos por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), sin orden de aprehensión ni flagrancia, y posteriormente trasladados a instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Según las organizaciones, durante los primeros cinco días las familias desconocieron su paradero. El 27 de enero fueron localizados en el Centro Estatal de Reinserción Social número 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde continúan presos acusados de homicidio calificado.
Los abogados señalaron inconsistencias en la carpeta de investigación, entre ellas cambios en nombres, fechas y lugares relacionados con el homicidio que se les atribuye. También cuestionaron dos testimonios que, aseguran, corresponden a personas de otra comunidad y que no identificaron directamente a los tres procesados.
Las organizaciones sostienen que existen denuncias de tortura y desaparición forzada y acusaron a la FGE de integrar pruebas presuntamente irregulares para sostener la acusación.
El caso ya fue llevado ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, además de que existen tres amparos en trámite. También se presentaron solicitudes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Presidencia de la República y una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), sin que, señalaron, hasta ahora exista una respuesta.
Una de las principales preocupaciones es que los juzgados federales ordenen reponer el proceso, lo que podría prolongar la prisión de los tres acusados.
El abogado Alberto González Moreno, de la Clínica de Litigio y Formación en Derechos Humanos, señaló que la audiencia constitucional del primer amparo está prevista para el 20 de agosto, otra para el 25 de agosto y una tercera para el 31 de agosto.
Las organizaciones exigieron al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Chiapas resolver a favor de la libertad; al Gobierno de Chiapas, liberar a los tres religiosos; a la FGE, desistir de la acción penal, y al Poder Judicial estatal, sobreseer el proceso.
La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, la Provincia Franciscana de San Felipe de Jesús, el Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra, A.C.; familiares de los detenidos, el Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos y la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos respaldaron la exigencia de libertad.
