Chiapas tipifica como delito la difusión de imágenes de víctimas con la aprobación de la “Ley Ingrid”
La ley sanciona con hasta seis años de prisión a servidores públicos que filtren fotos, videos o información de víctimas y sus familias. Colectivos y madres de mujeres asesinadas aplaudieron la reforma
Christian González
Tuxtla Gutiérrez (Ch24/7). El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la llamada “Ley Ingrid”, una reforma al Código Penal que busca proteger la dignidad de las víctimas y sancionar a los servidores públicos que filtren videos, fotografías o información contenida en carpetas de investigación.
Con 36 votos a favor, la legislatura local determinó que quienes incurran en este delito podrán enfrentar penas de prisión que van de 24 meses a seis años. La propuesta fue impulsada por la diputada del Partido del Trabajo, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, quien subrayó que el objetivo es responder a las exigencias sociales frente a la violencia y la revictimización.
La legisladora recordó que la iniciativa surgió a nivel nacional luego de que en 2020, se filtraran imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la Ciudad de México. Desde entonces, familiares de víctimas y colectivos feministas han demandado que se establezcan sanciones contra funcionarios que difundan material sensible.
Aguiar Álvarez explicó que en Chiapas también se han registrado casos de este tipo, como el de dos hermanas indígenas de 14 y 18 años asesinadas en San Juan Chamula este año, cuyas fotografías circularon en redes sociales a las pocas horas de ocurrido el crimen. “Se le están poniendo límites a la insensibilidad, al morbo y al lucro con el dolor ajeno”, afirmó.
La diputada aclaró que la reforma está dirigida a los servidores públicos y no pretende coartar la libertad de expresión, aunque sí es un llamado a periodistas y medios de comunicación a reflexionar sobre sus coberturas y evitar la revictimización.
Voces de las familias de víctimas
Tras la aprobación, familiares de mujeres asesinadas en Chiapas consideraron positiva la medida, pero advirtieron que el reto será garantizar su aplicación.
Maricruz Velasco Nájera, madre de Karla Yesenia Gómez, joven asesinada en 2018 en Tuxtla Gutiérrez, sostuvo que la reforma es un avance para las familias que enfrentan dolor y omisiones en los procesos judiciales. “Se espera que con esta ley no haya revictimización, porque en donde nos paramos para pedir apoyo recibimos burlas, y muchas veces tenemos que irnos de nuestro estado”, señaló.
En el mismo sentido, Adriana Gómez, madre de Jade Guadalupe Yuing, judoka, hallada muerta en 2020 en las instalaciones del Instituto del Deporte de Chiapas, relató que la filtración de imágenes del feminicidio de su hija fue utilizada con fines morbosos y de lucro. “¡Ya basta que sigan revictimizando a nuestras hijas!”, reclamó.
Gómez denunció que incluso información personal de su familia fue filtrada desde la Fiscalía de la Mujer, lo que consideró un atentado contra la secrecía que debería prevalecer en las investigaciones. “Se supone que esas carpetas están protegidas, pero se usan para proteger a instituciones”, lamentó.
Reformas con enfoque social
Con esta aprobación, el Congreso de Chiapas se suma a los estados que han adoptado la “Ley Ingrid” en su marco legal. Sin embargo, familiares y colectivos insistieron en que no basta con aprobar leyes, sino que deben cumplirse. “Se escuchan bonitas, pero solas no se ejercerán”, advirtió Adriana Gómez.
La actual legislatura local ha aprobado en los últimos meses diversas reformas en materia de derechos humanos y justicia social, entre ellas el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, la eliminación de la prescripción en delitos de abuso sexual infantil, así como iniciativas contra la violencia de género y el maltrato animal.
Con la incorporación de la “Ley Ingrid”, las autoridades chiapanecas buscan cerrar el paso a prácticas que atentan contra la dignidad de las víctimas y sus familias, y que han sido señaladas como uno de los principales factores de revictimización en el país.
Contexto: Esta información es relevante porque la aprobación de la “Ley Ingrid” en Chiapas representa un avance en la protección de la dignidad de las víctimas y sus familias, frente a prácticas de filtración que revictimizan y exponen al morbo social. Además, refleja una exigencia creciente de la sociedad para frenar la impunidad, atender con seriedad los casos de violencia de género y garantizar que los derechos de las víctimas no sean vulnerados por quienes deberían procurar justicia.
