Tseltales enfrentan condenas de hasta 80 años; familia acusa fabricación de delitos
Los hermanos Rogelio y Mario Guzmán López fueron sentenciados por un secuestro; sus familiares afirman que existen inconsistencias en el caso y buscan una revisión judicial
Fotografía y texto: Christian González
Tuxtla Gutiérrez (Ch24/7). Familiares de Rogelio y Mario Guzmán López aseguran que ambos fueron encarcelados injustamente por un secuestro ocurrido en 2017. Denuncian falta de intérprete, acceso a las carpetas de investigación y presuntas anomalías durante el proceso judicial.
Rogelio Guzmán López dedicó gran parte de su vida al trabajo del campo en Yajalón, Chiapas. Sin embargo, en 2022 fue detenido acusado de participar en un secuestro ocurrido cinco años antes, en agosto de 2017. Dos años después, en marzo de 2025, su hermano Mario Guzmán López también fue arrestado por el mismo caso.
Hoy ambos permanecen recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 8, ubicado en Ocosingo, donde cumplen condenas que sus familiares consideran injustas: Rogelio fue sentenciado a 80 años de prisión y Mario a 50.
De acuerdo con sus allegados, los hermanos, hablantes de la lengua tseltal y dedicados a las labores agrícolas, han enfrentado múltiples obstáculos legales que les han impedido demostrar su inocencia. Por el contrario, afirman, el proceso estuvo marcado por irregularidades que derivaron en severas sentencias.
Para Cipriano Gómez Arcos, suegro de ambos, el caso refleja una presunta fabricación de delitos y un sistema de justicia que, asegura, ha intentado lucrar con su situación.
“Nos pidieron 200 mil pesos para que Rogelio no entrara a la cárcel”, recuerda. Señala que, debido a las limitaciones económicas de la familia, nunca pudieron acceder a una defensa adecuada, situación que se agravó con el paso del tiempo.
“Nos pidieron 200 mil pesos para que Rogelio no entrara a la cárcel”
Rogelio, actualmente de 55 años, trabajaba en Cancún, Quintana Roo, cuando fue detenido. Mario, de 45, fue arrestado mientras desayunaba en la comunidad El Pedregal, en Yajalón.
Cipriano relata que el día de la captura de Mario la familia regresaba de la iglesia cuando observó un fuerte operativo integrado por militares, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales.
“Cuando nos dimos cuenta ya estaba rodeado todo. Ni siquiera vi cómo se lo llevaron”, recuerda.
Lo que más le desconcierta es que, según afirma, la presunta víctima del secuestro, identificada como Juan “N”, habría declarado que Mario no tuvo participación en los hechos. Sobre Rogelio, sostiene que durante años trabajó fuera de la comunidad, principalmente en Villahermosa, Cancún y Sonora.
Por ello, insiste en que ambos son inocentes y que toda su vida la dedicaron a trabajar la tierra y sostener a sus familias.
Indigenas tzetzales buscan ayuda en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Ante la falta de recursos y de asesoría jurídica efectiva, Cipriano y su nieto, Rogelio Guzmán Gómez, acudieron recientemente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en San Cristóbal de Las Casas, con la esperanza de obtener respaldo legal.
No obstante, enfrentan un nuevo obstáculo: aseguran que nunca han tenido acceso a las carpetas de investigación de ninguno de los dos casos, situación que dificulta cualquier intento de revisión jurídica.
“Estoy cansado. Ya no tengo cabeza para esto, no encuentro salida. Por eso sigo tocando puertas”, confiesa.
Entre las irregularidades que denuncian destaca la participación de un médico legista particular que supuestamente atendió a la víctima por lesiones derivadas del secuestro. Según la familia, el especialista nunca compareció de manera presencial en las audiencias y su testimonio fue incorporado mediante audios.
Además, afirman que varios de los testigos presentados durante el proceso son familiares de la presunta víctima, mientras que ésta habría incurrido en contradicciones respecto a detalles relevantes del caso, como la descripción de la vestimenta que portaba Rogelio.
La familia también denuncia que Rogelio nunca contó con un intérprete de lengua tseltal durante el proceso judicial, pese a ser hablante indígena, lo que habría vulnerado su derecho a una defensa adecuada.
La ausencia de Rogelio y Mario ha tenido un fuerte impacto económico y social en sus hogares. Rogelio es padre de 12 hijos, seis de ellos menores de edad, mientras que Mario tiene seis hijos, cuatro de los cuales aún no alcanzan la mayoría de edad.
Sus familiares aseguran que la falta de ingresos ha obligado a algunos de los menores a abandonar sus estudios y enfrentar condiciones de precariedad alimentaria.
A ello se suman problemas de salud. Rogelio sufrió una parálisis facial tras su detención y requiere medicamentos permanentes, mientras que Mario necesita atención médica especializada debido a una lesión en la cabeza sufrida años atrás.
Cipriano también denuncia presuntas solicitudes de dinero vinculadas a la liberación de sus familiares. Primero, asegura, le pidieron 200 mil pesos para evitar el encarcelamiento de Rogelio; posteriormente, 300 mil pesos para gestionar la libertad de Mario.
“Nos prometen que quedarán libres y sin cargos, pero para nosotros eso es imposible de pagar”, sostiene.
La familia afirma que tampoco ha recibido de su defensor de oficio copia de las carpetas de investigación, por lo que desconocen los elementos con los que fueron construidas las acusaciones.
Convencidos de la inocencia de los hermanos, Cipriano y su nieto solicitaron la intervención del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para que el caso sea revisado.
“No deben nada, pero están pagando muy caro”, lamenta.
Contexto: Según la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 43.9 por ciento de las personas entrevistadas en centros penitenciarios del país afirmó haber sido acusada falsamente de un delito, una percepción con la que la familia de Rogelio y Mario asegura identificarse plenamente.
