Denuncian red de complicidad política en caso Samuel Sánchez Sánchez
Tuxtla Gutiérrez (Ch24/7). La familia Sánchez Álvaro denunció la existencia de una red de complicidad política entre funcionarios gubernamentales que desde la administración del gobierno de Pablo Salazar, en los últimos dos sexenios operan en conjunto con la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas para alargar lo más posible la resolución del caso contra Samuel Sánchez Sánchez y de paso mantener el discursos del paramilitarismo para evitar las responsabilidades de los catequistas armados.
A nombre de la familia, la abogada recordó que Sánchez Sánchez fue detenido el 15 de febrero de 2015 y le fue dictado auto de formal prisión por delincuencia organizada y homicidio calificado.
La familia exige a las autoridades judiciales que trabajen conforme a derecho, a los funcionarios, políticos y a los defensores de los derechos humanos que “supuestamente protegen a las víctimas” y que dejen de operar para impedir que el caso se resuelva con prontitud.
Samuel Sánchez Sánchez, fue diputado indígena Ch’ol de la LIX legislatura del Congreso del Estado de 1995 a 1998, y está acusado de fundar en 1995 el grupo paramilitar Paz y Justicia
Asimismo, exhortaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pronuncie sobre la petición 11/21/2004, ya que de lo que resuelva se dará luz a cerca de la información verídica que dicho organismo representa.
La abogada de Sánchez Sánchez pidió al Juzgado Primero de lo Penal, que autorice y que pueda citar a los familiares de un presunto occiso para que el perito en genética forense que la familia ofreció pueda llevar a cabo la comparación genética.
“El Juez de la Causa pasa por desapercibido que el día de los supuestos hecho, Samuel Sánchez Sánchez estaba en Tuxtla, en una sesión ordinaria del Congreso del Estado, y ellos quieren hacerlo pasar que se encontraba en una comunidad de Miguel Alemán (…) aun así, estas pruebas no fueron valoradas”, dijo.
Foto de portada: Marco A. Rangel
