Acusan tortura contra detenido; familia exige justicia y su liberación
Familiares y organizaciones denuncian irregularidades en la detención de Óscar Trinidad Carvajal y señalan a autoridades estatales como responsables
A. Chávez
Tuxtla Gutiérrez (Ch24/7). En conferencia de prensa, familiares de Óscar Trinidad Carvajal, junto con organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, denunciaron presuntos actos de tortura en su contra y exigieron su liberación inmediata, así como el fin del hostigamiento hacia su entorno.
Acompañados por la Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), señalaron que el caso ha sido documentado de manera puntual, evidenciando posibles violaciones graves a los derechos humanos.
Pamela Olvera Trinidad, hermana del afectado, explicó que Óscar fue privado de su libertad el pasado 4 de noviembre en Tapachula. Tras no conocer su paradero, la familia inició su búsqueda en hospitales y dependencias oficiales, donde en un inicio las autoridades negaron tenerlo bajo custodia.
Posteriormente, localizaron su vehículo dentro de las instalaciones de la Fiscalía Fronterizo Costa, lo que generó sospechas.
A través de un amparo, una actuaria federal confirmó su presencia en ese lugar, donde fue encontrado con múltiples golpes y en condiciones críticas.
De acuerdo con el testimonio, el detenido permaneció incomunicado por varios días y fue trasladado al Hospital General de Tapachula, donde también denunciaron presunta negligencia médica. Fue hasta el 10 de noviembre cuando la familia logró tener acceso limitado para verlo.
Los familiares indicaron que Óscar Trinidad Carvajal lleva más de 130 días hospitalizado a consecuencia de las lesiones sufridas, las cuales atribuyen a actos de tortura, tratos crueles e inhumanos presuntamente cometidos por elementos de la Fiscalía y de la Policía de Reacción Inmediata.
Asimismo, informaron que mantienen un plantón indefinido desde hace más de 70 días, sin obtener respuesta de las autoridades estatales.
Reiteraron su exigencia de justicia, la liberación inmediata del detenido y sanciones contra los funcionarios que resulten responsables.
