Políticamente Incorrecto / El precio de la ambición, Segundo Guillén antepone sus negocios, sin importarle la paz de Chiapas

Javier Opón

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha enfocado todos sus esfuerzos en pacificar Chiapas. Lo ha dicho en discursos, lo ha refrendado en acciones, lo ha convertido en eje de su administración. Pero mientras él trabaja por la tranquilidad del estado, algunos de sus funcionarios parecen estar jugando en la acera de enfrente. El caso del secretario de Turismo, Segundo Guillén, es el ejemplo más reciente y escandaloso.

Este sábado 18 de abril, en el municipio de La Trinitaria, un grupo armado —señalado por ejidatarios de Tziscao como afín al propio secretario— atacó a campesinos que se dirigían a hacer una brecha. El saldo: un muerto y cinco desaparecidos.

El fondo del conflicto no es nuevo, es la apropiación ilegal de tierras dentro del Parque Nacional Lagunas de Montebello, un tesoro natural de Chiapas, para construir centros ecoturísticos, hoteles de gran turismo disfrazados de cooperativas. En el lenguaje técnico se llama gentrificación. En el lenguaje popular, despojo.

La ambición de Segundo Guillén es un secreto a voces. No es la primera vez que antepone sus intereses personales al servicio público. Para llegar a la Secretaría de Turismo, según versiones ampliamente conocidas en el ámbito político, le tendió una trampa a la entonces titular Maru Culebro. Aprovechó un viaje de ella para escalar posiciones. Su objetivo siempre fue claro, estar en el lugar que le permitiera concretar un plan que ya tenía trazado desde antes; adueñarse de tierras de incalculable valor para desarrollar proyectos hoteleros que beneficiaran a él y a sus socios.

El conflicto en Tziscao no es reciente. Lleva años sin resolverse. La Secretaría de Gobierno había instalado mesas de diálogo y, según testimonios de ejidatarios, el conflicto parecía encaminarse hacia una solución. Pero cuando el diálogo avanzaba, un grupo de civiles armados —los mismos que hoy se vinculan con Guillén— atacó a quienes se identifican como los propietarios legítimos. Rompieron las negociaciones. Impusieron la ley de la bala.

No es casualidad que en este entramado aparezca también el nombre de Pablo Albores, -Subsecretario de Turismo- señalado por su vínculo con la agencia “Eco Experiencias México”, una empresa que, según los denunciantes, estaría interesada en adquirir las tierras en disputa a bajo costo para después desarrollar complejos turísticos. La mancuerna entre Albores y Guillén explicaría el interés feroz por desplazar a los pobladores originarios, reduciéndolos a empleados mal pagados de sus propios territorios.

El gobernador Eduardo Ramírez ha dado muestras de que su compromiso con la seguridad y la justicia es genuino. Ha enfrentado a grupos criminales, ha desplegado operativos, ha puesto en marcha políticas de pacificación. Pero todo ese esfuerzo se diluye cuando sus propios secretarios actúan al margen de la ley y siembran violencia en el territorio.

Segundo Guillén debería renunciar al cargo, no mañana, no la próxima semana, Hoy. Mientras enfrente señalamientos tan graves como apropiación de tierras, vinculación con grupos armados y responsabilidad indirecta en la muerte de una persona y la desaparición de cinco más, no puede seguir al frente de una dependencia clave para el desarrollo turístico de Chiapas. Y Pablo Albores, si las acusaciones en su contra tienen sustento, debería correr con la misma suerte.

No se trata de juzgar antes de tiempo. Se trata de coherencia. Si el gobierno de Eduardo Ramírez ha hecho de la pacificación su bandera, no puede permitir que sus colaboradores sean los que rompan la paz. Si ha prometido justicia para los pueblos originarios, no puede tolerar que sus funcionarios los despojen de sus tierras. Si ha dicho que la ley es pareja, debe aplicarla sin importar el cargo.

Segundo Guillén no es el primer funcionario que antepone sus negocios al servicio público. En Chiapas, desgraciadamente, hemos visto esta película muchas veces. Funcionarios que usan su posición para enriquecerse, para desplazar comunidades, para construir imperios personales mientras el pueblo sufre. Pero esta vez, el contexto es distinto. El gobernador ha demostrado que no está dispuesto a tolerar la impunidad. Ha mostrado los dientes cuando ha sido necesario. La pregunta ahora es si los mostrará también cuando el señalado es parte de su gabinete.

La confianza que Eduardo Ramírez depositó en Segundo Guillén ha sido traicionada. No hay vuelta de hoja. La violencia en La Trinitaria no es un hecho aislado; es la consecuencia lógica de una ambición desmedida que no conoce límites. Y esa ambición no puede seguir cobijándose en un cargo público.

El gobernador tiene en sus manos una decisión crucial. Puede esperar a que las investigaciones avancen o puede actuar ya, separando del cargo a quienes han sido señalados por actos que atentan contra la paz de Chiapas. La primera opción es la cómoda. La segunda, la valiente.

Ojalá no nos defraude. Ojalá la coherencia no sea solo un discurso. Ojalá la pacificación de Chiapas empiece por casa.

Al tiempo.