Policías ministeriales golpean, roban dinero y le “siembran” droga a familia en Las Granjas

Fotografía: Marco A. Rangel

Christian González

Tuxtla Gutiérrez (Ch24/7). Sin una orden de cateo en mano, presuntos elementos ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) golpearon el pasado viernes a una familia de la colonia Las Granjas, en esta ciudad capital tuxtleca, a la que además le robaron 40 mil pesos y le “sembraron” un paquete de lo que al parecer era marihuana.

De acuerdo con los afectados, los policías llegaron a la vivienda, ubicada dentro de un vecindario, espantaron, con groserías, a quienes estaban ahí, pero la situación se descontroló cuando uno de ellos golpeó a una menor de edad.

Previo a que acudieran el lunes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para interponer una queja, Gerardo Gómez Gutiérrez evidenció que 25 mil de los 40 mil pesos que les “decomisaron” provienen del programa “Crédito a la Palabra” que les otorgó hace poco el gobierno federal y que utilizarían para invertir en mercancía para la venta de carne asada y frutas y verduras.

Sin embargo, el terror que vivieron ese día no paró ahí: los uniformados colocaron un sello en la casa, donde supuestamente hallaron el estupefaciente, “pero mi esposa se dio cuenta que ésta la ‘sembró’ uno de los policías, quien la sacó de una mariconera (bolsa) de pecho que portaba, y la puso en el lugar”.

Tras dejar en claro que ya se presentaron ante la Fiscalía para el Combate a la Corrupción donde les atendieron su caso, Adela Gutiérrez Ruiz, quien hace apenas un mes se debatía entre la vida y la muerte producto del contagio por la covid-19, cuestiona el actuar de esas personas, y además evidencia un “error” de las mismas: no detuvieron a nadie, a pesar de que según ellos se cometió un ilícito.

Su nieta de 15 años de edad, dice entre lágrimas, fue golpeada por una agente sólo porque le avisó que los policías se habían llevado el dinero, lo que ocasionó que se desmayara. La misma “dosis” se la repitieron a uno de sus hijos. “Me dijeron que me callara o me darían un golpe en la boca”, recuerda.

Lo que no se vale —externa la mujer de 60 años— es que los supuestos policías hagan de las suyas a costa de la gente, como ellos, que sólo se dedican a trabajar para vivir mejor.

“Me desmayé también, tartamudeaba del miedo, porque veía cómo se arrastraban mis nietitos, como animalitos asustados, pero a ellos los agarraron y los metieron en otra casa”, asevera quien, asimismo, está dispuesta a que no sólo a ella, sino a todos sus hijos, les hagan las pruebas necesarias, incluidas las toxicológicas, para que se descarte que están metidos en alguna red de distribuidores de drogas ilícitas.

Seguros de que sus “manos y consciencia están limpias”, de que el dinero que habían ahorrado es producto del esfuerzo y que sus 39 años de vivir en la misma zona los respaldan, los afectados advierten que no se quedarán de brazos cruzados, pues lo único que desean es que les devuelvan el dinero y se haga justicia por la violencia que sufrieron.

“Mi madre es diabética, por el momento hace sus necesidades (fisiológicas) en una cubeta porque no tenemos baño ya que lo sellaron, ¡no se vale, es una injusticia!”, ataja Gerardo.

Edición: Ch24/7