Seis integrantes de Madres en Resistencia Chiapas se encadenan a la FGE e inician huelga de hambre
A. Chávez
Tuxtla Gutiérrez (Ch24/7). Seis madres de familia iniciaron una huelga de hambre frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir avances en sus investigaciones, justicia por casos de violencia y la localización de sus familiares desaparecidos.
Una de ellas es Olga Fernández González, quien busca a su hijo, Roque Luis Hernández Pérez, de 25 años, desaparecido el 22 de abril de 2020 en Comitán.
Relató que su hijo salió de casa después de avisarle que llevaría a su padre a su domicilio y posteriormente regresaría. Sin embargo, dejó de responder llamadas y mensajes.
Fernández González denunció que tuvo dificultades para presentar su denuncia y que las autoridades no le proporcionaron las grabaciones de las cámaras de seguridad que solicitó. Aseguró que, después de varios años, sigue sin recibir información sobre el paradero de su hijo.
Otra de las manifestantes es Ana Cristina Díaz López, quien denunció una presunta extorsión durante la búsqueda de sus familiares. Explicó que recibieron una llamada en la que les exigían 18 mil pesos y depositaron 2 mil, sin obtener resultados.
También se mencionó la desaparición de un familiar en Amatenango del Valle.
Por su parte, Lucía Girón, originaria de Tenejapa, exigió justicia por el abuso sexual que sufrió su sobrina cuando tenía 11 años. Señaló que llevan cuatro años buscando avances en la investigación.
Girón denunció presuntas amenazas contra su familia y señaló a Marcelo López Pérez y Antonia Luna López por su presunta participación en un intento de llevarse a su sobrina el pasado 10 de agosto.
Asimismo, informó que Rosa María Girón ya se encuentra detenida y aseguró que fue necesaria la presión de las familias para conseguir su detención.
La mujer pidió la intervención del gobernador y del fiscal general para que se atiendan las denuncias y se eviten nuevas agresiones.
Durante la protesta, Adriana Gómez, madre de una adolescente víctima de feminicidio en el Indeporte, rechazó las declaraciones del fiscal general, quien aseguró que las manifestantes habían sido invitadas a mesas de trabajo y no habían aceptado.
Gómez negó esa versión y afirmó que las madres han buscado atención durante años. También denunció presuntas omisiones, abusos de autoridad y falta de aplicación de protocolos con perspectiva de género.
Recordó que una movilización anterior, realizada en octubre de 2025, duró un mes y medio y permitió gestionar seis peritajes independientes para revisar investigaciones. Cada estudio tiene un costo aproximado de 190 mil pesos, monto que, sostuvo, debe cubrir el Estado.
También denunció que el 7 de octubre de 2025 fueron agredidas por policías municipales y señaló que algunas compañeras han recibido amenazas.
La protesta incluye a mujeres que decidieron encadenarse para exigir respuestas de las autoridades. Las manifestantes insisten en que quieren ser atendidas directamente por el fiscal general y no únicamente por otros funcionarios.
Pese a las condiciones de la protesta, Gómez agradeció el respaldo de estudiantes de la Unach y la Unicach, así como de ciudadanos que han llevado agua, sueros y alimentos.
Las madres reiteraron que no se retirarán hasta obtener respuestas y avances en sus casos. Su exigencia, señalaron, es justicia, verdad y garantías de no repetición.
