Denuncia mujer despojo de tierras y abuso de autoridad en La Trinitaria
Tuxtla Gutiérrez (Ch24/7). Irma Vázquez Pérez, habitante de la comunidad José Castillo Tielmans, municipio de La Trinitaria, denunció irregularidades en la disputa por unas tierras que, dijo, su madre le heredó legalmente en 2021. Acusó a familiares y autoridades comunitarias de despojarla de sus propiedades, vender su ganado y amenazarla con cárcel por negarse a entregar sus terrenos.
La denunciante señaló a sus hermanos Nicolás, Francisca y Adán Vázquez Pérez de reclamar las propiedades después del fallecimiento de su madre, ocurrido en 2025, pese a que ella cuenta con un certificado que, afirma, acredita la herencia.
Explicó que inicialmente ofreció entregar una hectárea a cada uno de sus hermanos, pero estos exigieron la totalidad de las tierras. Ante su negativa, aseguró que autoridades comunitarias le advirtieron que podían quitarle sus propiedades mediante los usos y costumbres y amenazaron con encarcelarla si no firmaba los documentos correspondientes.
Entre los señalados mencionó a Manuel Jiménez Hernández, integrante del consejo comunitario; Guillermo Vázquez Alfonso, comisariado ejidal, y Rosenberg Vázquez Alfonso, agente de la comunidad José Castillo Tielmans, a quienes responsabilizó de intervenir en el conflicto y presuntamente repartir sus terrenos.
También denunció malos tratos por parte de funcionarios de la Delegación de Gobierno y de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, en Comitán, donde identificó al fiscal Valdemar como la persona que presuntamente los trató como delincuentes y solicitó la presencia de elementos policiacos cuando acudieron a pedir atención.
Vázquez Pérez pidió la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y exigió que se judicialicen cuatro carpetas de investigación relacionadas con presunto abuso de autoridad, despojo y otros hechos derivados del conflicto.
En su denuncia también mencionó a Octavio, quien, según su versión, fue encarcelado por grabar videos de los acontecimientos en la comunidad. Asimismo, identificó a Amanda y Juana como otras mujeres afectadas, quienes presuntamente fueron involucradas en el conflicto por haber presenciado los hechos.
La mujer aseguró que tanto ella como Octavio fueron desalojados y actualmente no pueden regresar a sus viviendas por temor a multas o encarcelamiento. Añadió que sus terrenos fueron divididos, su ganado vendido y sus propiedades ocupadas, hechos de los que afirmó tener videos y testigos.
Reiteró que no dejará de exigir justicia hasta que las cuatro carpetas sean judicializadas y se investiguen los presuntos abusos cometidos en su contra. También pidió que se deslinden responsabilidades entre las autoridades comunitarias y los funcionarios señalados.
Los señalamientos corresponden a la versión de la denunciante y deberán ser investigados por las autoridades competentes.
