En la Mira / Héctor Estrada

-Los impostores de las diputaciones indígenas en Chiapas

A través constancias amañadas, trampas y evidentes violaciones a la ley electoral, funcionarios de alto nivel dentro del gobierno de Manuel Velasco Coello han sido incrustados dentro de la siguiente legislatura federal mediante la usurpación de candidaturas que por ley le corresponderían a integrantes de los pueblos indígenas de Chiapas.

Se trata del ex secretario de Hacienda, Humberto Pedrero Moreno, y el ex secretario técnico del gobernador, Roberto Rubio Montejo, quienes de último momento ascendieron al cargo electo tras las renuncias de los candidatos propietarios, previamente pactadas. Pedrero Moreno estaría ocupando la representación del Distrito 2 con sede en Bochil, mientras Rubio Montejo la del Distrito 11 con sede en Las Margaritas.

Ambos son funcionarios estrechamente ligados a Velasco Coello. Tanto Huberto Pedrero como Roberto Rubio han sido señalados reiteradamente como los principales orquestadores de diversas anomalías financieras durante la actual administración. Son pieza clave dentro de los “tejes y manejes” del actual gobierno y por eso no sorprende que sean premiados con la protección de fuero constitucional que ofrece una diputación federal.

Sin embargo, detrás de esta arbitrariedad hay un asunto de mayor gravedad. A Pedrero y Rubio los impusieron dentro de candidaturas que por ley corresponden a integrantes de los pueblos indígenas. Así lo determinó en diciembre 2017 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuando sentenció la obligación que tienen los partidos para postular a personas indígenas dentro de los denominados “distritos indígenas” de México.

Entre esos se encuentran justamente los distritos federales 2 y 11 de Chiapas. Un candado legal que no pareció mayor complicación para quienes estaban decididos a imponer a los secretarios estales en esos espacios legislativos. Para ello se expidieron dos documentos; uno firmado por Alejandro Escobar Núñez, Comisariado del ejido Monte Grande, Municipio de Bochil, y otro por Carlos Hernández Pérez, Agente Municipal del Ejido Jerusalén del municipio de Las Margaritas.

En ambos documentos, los firmantes, aseguraron que tanto el ex secretario de Hacienda como el ex Secretario Técnico del gobernador pertenecían a sus comunidades indígenas, era ejidatarios de dichos municipios y acudían con regularidad a las asambleas ejidales desde hace más de seis años.

De manera por demás cínica, los documentos expedidos bajo el mismo formato, aseguraban que Humberto Pedrero se había desempeñado desde 2011 como representante del ejido ante la Sagarpa y Rubio Montejo ante ante la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas. Todo mientras ambos también ocupaban puesto públicos dentro del gabinete estatal, por lo que las aseveraciones no sólo resultan inverosímiles, sino también fuera de toda legalidad.

Desde cualquier ángulo en que se quiera analizar el hecho, la posible llegada de los ex funcionarios del gabinete verde a la Cámara de Diputados mediante diputaciones indígenas resulta arbitraria. Su ascenso, a través “candidaturas fantasma” y renuncias pactadas, no sólo son una burla para los chapanecos, también resultan altamente impugnables por el descaro con el que fraguaron todas las trampas y anomalías evidentes a la luz pública.

Y es que, Humberto Pedrero y Roberto Rubio están estrechamente ligados a todos los movimientos financieros que han causado escándalo durante la administración que ya agoniza. Fueron dos de los principales brazos ejecutores y ahora también protagonistas de otro episodio indignante donde los pueblos indígenas y la ciudadanía chiapaneca han sido nuevamente ultrajadas sin la menor vergüenza posible… así las cosas.

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