Políticamente Incorrecto / 80 mil pesos por una vida, la policía pone precio a la justicia

Javier Opón

Un joven estudiante del CECYTE perdió la vida en un accidente vehicular. Otro más se debate entre la vida y la muerte. La tragedia, de por sí dolorosa, se volvió insoportable cuando los pobladores de Villa Comaltitlan descubrieron lo que sospechaban desde el primer momento, los responsables del siniestro no enfrentarían a la justicia. No porque fueran inocentes, sino porque, según denuncias ciudadanas, elementos de la policía recibieron 80 mil pesos para dejarlos en libertad.

Ochenta mil pesos. Ese fue el precio de una vida. Ese fue el monto que selló la impunidad. Esa fue la tarifa que convirtió a la policía en cómplice de los victimarios. Y luego, cuando la indignación estalló, cuando los familiares y vecinos salieron a las calles a exigir justicia, la respuesta del Estado no fue atender la corrupción, sino desalojar a los manifestantes a golpe de operativo.

Las protestas se prolongaron durante días. El hartazgo, contenido por años, finalmente rebalsó. Los pobladores cerraron la carretera costera, una de las principales vías de comunicación del estado, paralizando el tránsito entre Tapachula y el centro del estado. Filas kilométricas de vehículos varados. Pérdidas millonarias para comerciantes y productores. Pero el dolor de una madre que perdió a su hijo no entiende de pérdidas económicas. La rabia de una comunidad que vio cómo la justicia se vendía por 80 mil pesos no se calma con promesas.

En lugar de abrir una investigación inmediata contra los policías señalados, en lugar de detener a los verdaderos responsables del accidente, las autoridades optaron por la vía más fácil, desalojar a los inconformes. Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal —los mismos que fueron creados para pacificar Chiapas— se desplegaron en el punto del bloqueo. El resultado, 23 personas detenidas por obstrucción de vías de comunicación y daño a la integridad.

Ningún detenido por corrupción. Ningún policía corrupto tras las rejas. Ningún responsable del accidente enfrentando a la justicia. Pero 23 ciudadanos, hartos de la impunidad, ahora cargan con un proceso penal.

Lo ocurrido en Villa Comaltitlan no es un hecho aislado. Es un síntoma de una enfermedad más profunda, la normalización de la corrupción en las corporaciones policiacas. El gobierno estatal ha desplegado operativos, ha creado fuerzas especiales, ha prometido pacificación. Pero de nada sirve todo ese despliegue si, al primer escándalo de corrupción local, la respuesta es proteger a los corruptos y criminalizar a los ciudadanos que protestan.

Porque el mensaje que envió el Estado este domingo es claro: si denuncias corrupción, te desalojamos. Si exiges justicia, te detenemos. Si bloqueas una carretera para que tu voz sea escuchada —en un país donde las instituciones suelen ser sordas—, te acusamos de obstrucción y daño a la integridad. Pero si eres policía y recibes 80 mil pesos para liberar a responsables de una muerte, sigues en tu cargo. Sigues cobrando. Sigues siendo parte del problema. Ese es el mensaje. Y es devastador.

La muerte del joven estudiante es una tragedia. Pero la corrupción que permitió que sus agresores quedaran libres es un delito. Y el desalojo de los manifestantes, lejos de resolver el problema, profundiza la herida. Porque los ciudadanos de Villa Comaltitlan no cerraron la carretera por gusto. No arriesgaron su integridad física por capricho. Lo hicieron porque la vía institucional —la denuncia, la fiscalía, los jueces— les falló. Porque vieron cómo la justicia se vendía al mejor postor. Porque saben que, si no presionan, nadie los escucha.

El gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar ha demostrado, en otros temas, voluntad de cambio. Ha enfrentado a grupos criminales, ha desarticulado estructuras de poder enquistadas. Pero el caso de Villa Comaltitlan es una prueba de fuego para su administración: ¿será capaz de investigar a fondo la corrupción en la policía? ¿Castigará a los elementos que recibieron los 80 mil pesos? ¿O dejará que el asunto se diluya como tantos otros?

La pacificación de Chiapas no se logrará solo con operativos y fuerzas especiales. Se logrará cuando los ciudadanos confíen en sus instituciones. Y esa confianza se construye con hechos, con policías honestos, con fiscales que investiguen, con jueces que castiguen. Mientras la corrupción siga siendo moneda corriente en las corporaciones municipales, mientras los responsables de muertes puedan comprar su libertad con billetes, mientras los manifestantes sean detenidos y los corruptos sigan libres, la paz será solo un eslogan.

Ojalá este caso no quede en el olvido. Ojalá los 23 detenidos no sean los únicos que paguen por lo ocurrido. Ojalá los 80 mil pesos terminen siendo la prueba que lleve a los verdaderos culpables tras las rejas. Pero para eso, se necesita voluntad política. Y esa voluntad, hoy por hoy, está a prueba.

Al tiempo.