Políticamente Incorrecto / Chiapas y el retorno de la violencia: ¿qué intereses desafían al Estado?

Javier Opón

Poco más de un año duró la tensa paz que los chiapanecos aprendimos a valorar como un tesoro frágil. En las últimas semanas, la violencia ha regresado con una ferocidad que no veíamos desde la llegada del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Ejecuciones, ataques armados a poblaciones, narcomantas, masacres en bares… el mapa de la muerte vuelve a pintarse en el territorio. Pareciera que el pacto de civilidad, esa tregua tácita que permitió respirar a las comunidades, se ha roto entre los grupos del crimen organizado. Y con ella, la incertidumbre regresa a Chiapas.

La pregunta que debemos hacernos, como sociedad y como Estado, es incómoda pero necesaria: ¿qué intereses están detrás de esta escalada? Porque la violencia en Chiapas no es un fenómeno natural, no es un huracán ni un terremoto. Es el resultado de decisiones, de alianzas, de disputas por territorios, recursos y, sobre todo, por el control de la impunidad. Alguien está desafiando al Estado. Y la pregunta que duele es: ¿ese alguien está dentro o fuera de las instituciones?

Desde hace meses, los rumores de corrupción en el Grupo de Reacción Inmediata Pakal han circulado con insistencia en los pasillos del poder, en los cuarteles y en las mesas de opinión. Rumores que hoy, ante el recrudecimiento de la violencia, parecen adquirir la consistencia de una certeza dolorosa. Porque no es casual que cuando la fuerza más combativa del Estado empieza a ser señalada por filtraciones, desvíos de recursos o vínculos incómodos, la delincuencia organizada recupere terreno. La historia de México está llena de ejemplos donde la coordinación con el crimen —activa o pasiva— termina por desactivar la capacidad de respuesta del Estado.

No se trata de generalizar ni de señalar sin pruebas. Se trata de observar los hechos y atrevernos a conectar los puntos. La violencia no regresa por generación espontánea. Regresa porque alguien dejó de contenerla. Regresa porque los disuasivos se debilitaron. Regresa porque, en algún punto de la cadena de mando, las prioridades cambiaron.

Pese a la voluntad demostrada por el gobernador Eduardo Ramírez —un hombre que ha arriesgado capital político para pacificar el estado—, la estrategia de seguridad parece haber fracasado. O, cuando menos, necesita un golpe de timón urgente. ¿La razón? Quienes la encabezan tienen sus miras puestas en puestos de elección popular y se han distraído en sus suspiraciones personales. No es un secreto que algunos mandos de seguridad han abusado de la confianza del gobernador, utilizando sus cargos como trampolines políticos mientras el estado se desangra.

El caso más emblemático es el del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, quien, según múltiples fuentes, no ha ocultado su interés por contender por la gubernatura. No hay delito en tener aspiraciones. El delito es descuidar la función mientras se cultivan esas aspiraciones. El delito es que mientras el secretario construye su imagen con miras a las urnas, las balas vuelven a silbar en los municipios, los bares se convierten en cementerios y las narcomantas amanecen colgando de los puentes.

Un secretario de seguridad distraído es un peligro público. Un mando policiaco con la mirada puesta en la boleta electoral es un flanco abierto para el crimen. El gobernador ha puesto su confianza en estos hombres. Es hora de que exija resultados, no aspiraciones.

Chiapas no debería convertirse nuevamente en un campo de tiro. No le conviene a nadie, empezando por el propio gobernador, que ha hecho de la pacificación su bandera. Los chiapanecos votaron por un hombre valiente. Depositaron en él no solo expectativas, sino esperanzas. La esperanza de que un mejor Chiapas es posible. Y los esfuerzos del gobernador son palpables, nadie lo niega. Pero los esfuerzos, sin resultados sostenibles, se diluyen.

El gobernador Eduardo Ramírez ha demostrado tener carácter para enfrentar al crimen organizado. Lo demostró al inicio de su administración, con operativos contundentes y detenciones de alto impacto. Pero la autocrítica es también una virtud de los grandes líderes. Y hoy, Chiapas necesita que el gobernador mire con lupa a su propio gabinete de seguridad. Necesita que pregunte, investigue, exija. Y si encuentra a alguno de sus colaboradores anteponiendo sus intereses personales —electorales o económicos— a la seguridad de los chiapanecos, que tenga el valor de separarlo del cargo. Aunque duela. Aunque sea incómodo. Aunque signifique romper con lealtades personales.

Porque gobernar no es solo tener voluntad. Es tener la claridad para rectificar cuando el camino se desvía. Un golpe de timón no es una derrota, es una muestra de inteligencia.

Lo que está en juego

Chiapas tiene todo para ser un estado próspero y pacífico. Su riqueza natural, su cultura, su gente, son activos que ningún otro estado del país puede presumir. Pero la violencia lo arruina todo. Espanta la inversión, destruye el tejido social, mata las oportunidades. Y sobre todo, mata a los nuestros.

No podemos permitir que el pacto de civilidad se rompa definitivamente. No podemos permitir que los grupos del crimen organizado recuperen el control de territorios que tanto costó arrebatarles. No podemos permitir que la corrupción dentro de las propias instituciones de seguridad sea la que alimente la violencia.

El gobernador tiene en sus manos la decisión más importante de su administración: seguir con una estrategia que ha mostrado signos de agotamiento, o reinventarse, sacudir el gabinete, poner a gente con resultados y no con aspiraciones, y recuperar la iniciativa. Los chiapanecos estaremos atentos. Apoyando cuando se haga bien. Exigiendo cuando se haga mal.

Porque Chiapas no puede volver a ser lo que fue. Porque los muertos que ya tuvimos no pueden volver. Porque los desaparecidos aún esperan justicia. Porque la paz, aunque frágil, es el único camino.