Ante incertidumbre de desplazados realizan foro solidario
Marco A. Rangel
Tuxtla Gutiérrez (Ch24/7). Representantes de los desplazados indígenas y de diversas asociaciones civiles, realizaron esta tarde de miércoles el Foro de la Solidaridad de los Desplazados Internos en Chiapas, en el plantón instalado frente a Palacio de Gobierno, en la capital chiapaneca.
La reunión se debió a la incertidumbre por la que atraviesan decenas de familias tsetzales y tsotsiles ante el desplazamiento forzado por paramilitares vinculados al crimen organizado y financiados por los gobiernos municipales y el estatal.
Representantes de las familias de los municipios de Ocosingo (ejido Tenango), Chilón (ejido Puebla) y de Zinacantán, nuevamente exigieron al gobierno estatal la desarticulación de los grupos paramilitares que han arrebatado las tierras que ancestralmente les pertenecen, y su regreso a ellas, todo bajo el artículo primero de la constitución mexicana donde especifica la importancia de respetar los derechos humanos.
Manuel López Gómez, representante de las 10 familias desplazadas del ejido Tenango, recordó su encierro por siete meses en la cárcel debido a la fabricación del delito Ataques al Patrimonio Natural, mientras denunciaba el desplazamiento forzado por sujetos relacionados con el crimen organizado y con corte paramilitar que se apoderaron de los bienes de las familias del ejido. “Que el gobierno nos reubique, nos pague los daños o por lo menos nos escuche, al final de cuentas no tenemos nada”, dijo.
Representantes de los desplazados indígenas y de diversas asociaciones civiles. Foto: Marco A. Rangel
Armando Méndez Núñez, otro representante de los desplazados del ejido, dijo que desde el 6 de marzo de 2009 viven bajo injusticias. “Cuando sucedió este problema, el 16 de diciembre de 2008, éramos militantes de La Otra Campaña, pero el ejido no quiso que hubiera otra organización y meses después a cuatro personas nos fabricaron el delito de Homicidio Calificado, y fuimos a parar al Cereso 17 de Playas de Catazajá”, sostuvo.
Méndez recordó que en aquella ocasión el Ministerio Público recibió 40 mil pesos del que fuera delegado del gobierno de Ocosingo, José Manuel Morales Vázquez, y del operador político, Caridad López, para ser encerrado por más de dos años. “Ellos participaron en su momento en el desplazamiento de las diez familias, fue mientras llevábamos dos meses de encarcelamiento injusto”, señaló.
En el foro se hizo un llamado a no ser ajenos a los problemas que sufren los desplazados. Foto: Marco A. Rangel
“El mismo gobierno regional y el estatal dieron la idea de cómo desalojar a las 10 familias, por orden del Delegado, y fue el paramilitar Herlindo López Pérez quien obligó a mi padre a firmar un acta en la que decía abandonábamos la comunidad voluntariamente”, dijo.
De acuerdo con el representante, fue el mismo Herlindo López Pérez quien encabezó el desalojo y obligó a las familias abandonar el ejido en un camión de Protección Civil. “Las mujeres de dos familias fueron violadas tumultuariamente, fueron atacadas en la casa ejidal por 25 mil pesos”, recordó.
En el foro se hizo un llamado a no ser ajenos a los problemas que sufren los desplazados y se reconoció su resistencia ante todas las desavenencias gubernamentales. “Hoy el gobierno está más preocupado por las próximas elecciones, que por los desplazados”, se dijo.
También recordaron que el 9 diciembre pasado, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los paramilitares asesinaron a una mujer en la comunidad Nachejeb, municipio de Chilón, para luego quemar su cadáver dentro de un vehículo. Ese mismo día los paramilitares destruyeron las casas de 15 familias y todo lo que la comunidad había construido durante años fue arrebatado, por lo que cerca de 70 personas ahora están desplazadas.
Armando Méndez Núñez, uno de los representantes del ejido Tenango. Foto de Portada: Marco A. Rangel
