Chiapas quedó bañado en sangre; la FGE, resultó un “cero a la izquierda”

-Lamentan expertos opacidad en la actuación del exfiscal Raciel López Salazar ante la inseguridad en el estado

Christian González

 

Tuxtla Gutiérrez (Ultimátum). De principio a fin, en este sexenio la justicia quedará como una deuda pendiente para miles de chiapanecos, sobre todo porque no encontraron en la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Raciel López Salazar, un verdadero respaldo. El incremento de la violencia así lo constata.

 

Los datos son “escalofriantes”: de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano y como un balance de cada semana desde el año 2012 hasta la actualidad, en Chiapas se cometían 8.3 homicidios dolosos y 16 culposos; 87.5 robos con violencia, 38.2 hurtos de vehículos, 25.1 a casa habitación, 17.1 a negocios, 19.3 a transeúntes y 12.2 violaciones sexuales.

Lo más grave, según sus estadísticas, es que al cierre de esta administración, seis de los 10 delitos de alto impacto que toma en cuenta para el análisis, se mantienen con números altos, e incluso por encima de la media nacional, como el secuestro y la extorsión.

No obstante, la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, advierte que este sexenio quedará marcado por la violencia: más de 300 feminicidios, lo que para esa instancia significa que la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género fue “letra muerta, pues el Estado fingió el cumplimiento de lo ordenado por la misma”.

Además, estima que se registraron 12 asesinatos a defensores de derechos humanos en esta geografía sureña, como el caso de Mariano Abarca; seis de los casos son acompañados por el “Frayba”. Incluso en septiembre pasado se dio un “duro golpe a la libertad de expresión” con el crimen del periodista de Yajalón, Mario Gómez.

VOCES DE RECLAMO

Ante este panorama, diferentes “voces” de la sociedad chiapaneca aportan algunas conclusiones de lo que sucedió en Chiapas, en cuanto al tema de la administración y procuración de justicia, como el desdén por atender de igual manera a toda la sociedad, o la falta de capacidad de los servidores públicos e incluso, el desinterés de Raciel López como fiscal desde el gobierno de Juan Sabines Guerrero.

Para Mariana Morales, reportera del periódico nacional ‘Reforma’, el exfiscal dejó “muchos pendientes, como los casos de Abarca, de Mario Gómez, las agresiones a la ciudadanía, queda una estela de impunidad; es lamentable lo que sucede, un sexenio donde la corrupción estuvo en los niveles más altos, desde que un ministerio público te pidiera dinero para levantarte una denuncia, o incluso personas de confianza de Raciel que estaban en nómina confidencial”.

De hecho, externa que pareciera que en estos seis años la justicia tuvo un precio, “quien tenía dinero para pagar una copia certificada o un MP, podía acceder a la justicia”.
Tanta fue la violencia en esta administración, dice, que los “éxodos masivos” de elementos policiacos estatales se registraron año con año, pues advierte que renunciaban por la falta de condiciones para trabajar y, sobre todo, por la elevada cifra delincuencial, “se iban de entre 400 a 500”.
Por su lado, Karen Dianne Padilla, representante de Iniciativas Feministas, advierte que a la sociedad se le quedó a deber en cuanto al tema de procuración de justicia, “los jueces y juezas se lavan las manos al momento de dejar libres a los feminicidas, y argumentan que la Fiscalía General no integró bien la denuncia”.
Por ello, reconoce que a esa instancia debe de llegar alguien que esté interesado en que el panorama cambie y no que se coloque a alguien que solo simule, “a hacer foros y convenios, sino más allá; porque tal pareciera que el exfiscal (Raciel López) solo cubrió otros intereses, pero no uno real en procurar justicia”.
En su oportunidad, Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, puntualiza que la procuración de justicia en la entidad dejará mucho qué desear, debido a que prevaleció la impunidad, la corrupción y el engaño, “y por desgracia ese saldo general, coloca al nuevo gobierno entrante en situaciones complejas; el balance general es negativo”.

Tan es así, ejemplifica, que existe un fiscal en contra de la corrupción en Chiapas, “pero no hemos sabido que haya hecho algo, cero actividades, y por eso no queremos personas que estén por nombramiento, y que desde luego el Ejecutivo le permita que haga sus funciones”.

Entrevistada por aparte, Ana Pérez, defensora del Centro de Derechos Humanos “Ku’ Untik”, lamenta que la FGE cuente con fallas estructurales, sobre todo porque carece de autonomía, y eso genera que las investigaciones no se realicen de forma efectiva.
“Esto provocó un ambiente de corrupción e impunidad que genera el descontento en los ciudadanos; y también tenemos que decir que el trato que reciben las personas no es igualitario, sobre todo si es indígena, pobre; hay discriminación”.

En pocas palabras, advierte que en esa dependencia se violan por los menos los derechos de acceso a la justicia, “lo que conlleva a la falta de la reparación del daño de las víctimas”, como lo que sucede con quienes han sufrido tortura.

Carmen Ovilla, investigadora del Observatorio Ciudadano Chiapas, acepta que México pasa por un periodo de mucha violencia, “por lo que los esfuerzos institucionales se quedan cortos”.

Si las autoridades entrantes “no se ponen las pilas” para brindar soluciones “palpables”, los expertos advierten que el próximo 2019 será aún más violento que este 2018, considerado ya un año “teñido” de sangre no solo en Chiapas, sino a nivel nacional.

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