La controvertida situación legal del gas lacrimógeno

Ciudad de México (NCYT Amazings). El uso de gases lacrimógenos, en particular el conocido como CS, como recurso antidisturbios, no puede conciliarse con el respeto a los derechos humanos fundamentales y, por lo tanto, debe prohibirse totalmente en el derecho internacional. Así de contundente es la conclusión de un informe presentado públicamente por el Programa Internacional de Derechos Humanos (IHRP) de la Universidad de Toronto en Canadá. En el informe se recomienda a los legisladores que impulsen una legislación que prohíba el uso de esa arma química, elimine los arsenales existentes y prohíba la importación, la exportación y la fabricación.

El uso de gases lacrimógenos ha aumentado en todo el mundo, convirtiéndose rápidamente en una de las armas más usadas para disolver manifestaciones y otras congregaciones de gente en lugares como Irán, Hong Kong, Estados Unidos y España, entre otros. El auge de su utilización para reprimir protestas y controlar a las multitudes ha dado lugar a la correspondiente expansión del mercado mundial, en gran medida no reglamentado, y la demanda de esta clase de productos se prevé que siga creciendo. El uso de gas lacrimógeno suele ser bastante indiscriminado y con frecuencia se abusa de él cuando se despliega contra reuniones pacíficas, en espacios cerrados, en cantidades excesivas y contra poblaciones vulnerables. El gas lacrimógeno no puede distinguir entre jóvenes y ancianos, entre sanos y enfermos, ni entre pacíficos y violentos. Su despliegue también puede causar innumerables daños a la salud, incluyendo lesiones graves y la muerte.

“El gas lacrimógeno no es un método relativamente benigno de control de multitudes. Su despliegue aplasta efectivamente el derecho a la libertad de protesta y de reunión”, acusa Vincent Wong, del IHRP y coautor del nuevo informe. “Los estudios muestran que la exposición a largo plazo en la forma que vemos deja a los afectados en mayor riesgo de sufrir una serie de enfermedades, incluyendo contraer enfermedades respiratorias como la COVID-19.”

El nuevo informe explora los deficientes fundamentos legales y las perjudiciales implicaciones prácticas del estado de la legislación internacional de derechos humanos con respecto al uso y abuso de los gases lacrimógenos. Aunque el gas lacrimógeno está prohibido en la guerra en virtud de la Convención sobre Armas Químicas, durante el proceso de redacción se negoció una exención para el uso de esta clase de arma por agentes antidisturbios cuya finalidad sea hacer cumplir las leyes locales. Se decidió introducir la exención para asegurar así la mayor cantidad posible de países que ratificaran la convención.

“Si bien existen directrices internacionales que rigen el uso de los gases lacrimógenos, estos instrumentos de derecho no vinculante han demostrado ser en gran medida ineficaces para limitar el uso indebido de los gases lacrimógenos y para proteger los derechos fundamentales”, explica Maija Fiorante, del IHRP y coautora del informe. “En virtud del derecho internacional, todo uso de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley debe atenerse a los principios de necesidad y proporcionalidad, pero el gas lacrimógeno casi nunca se utiliza de conformidad con esos principios”.

Además, no existen acuerdos internacionales que regulen el comercio y la fabricación de gases lacrimógenos. Por consiguiente, el mercado mundial de gases lacrimógenos no está reglamentado en gran medida y está fuera del ámbito de la responsabilidad. No hay normas comunes para la composición del gas lacrimógeno. Los recipientes con gas de este tipo se comercializan con diferentes formas y tamaños y contienen diversas sustancias químicas tóxicas. En muchos casos, es difícil saber qué combinación de sustancias químicas hay en su interior, cuál es su nivel de toxicidad y si su seguridad ha sido probada antes de la venta.

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