En la Mira / ¿Qué hay detrás del conflicto en Convivencia Infantil?

Héctor Estrada

Mientras plazas comerciales, supermercados, bares, centros nocturnos e, incluso, otros parques recreativos de mayor aforo funcionan prácticamente con absoluta normalidad en Tuxtla Gutiérrez, el emblemático Centro de Convivencia Infantil está a nada de cumplir un año y dos meses cerrado al público, bajo supuestos argumentos de prevención epidemiológica que en el fondo esconden intenciones mucho más oscuras.

El conflicto entre los viejos concesionarios de Convivencia Infantil y la actual administración municipal es mucho más añejo que el inicio de la pandemia y sus medidas restrictivas. Desde 2019, el ayuntamiento, encabezado por Carlos Morales Vázquez, comenzó la “maquilación” de un nuevo modelo recaudatorio que no sólo elevaría los impuestos por el “Derecho de Piso”, sino además pretendía arrebatarles el derecho legal a sus concesiones.

El gobierno municipal sabía perfectamente que la autorización de un aumento al impuesto por derecho de piso traería consigo un fuerte descontento e inevitables protestas. Se trataba pues de un reajuste de más del cien por ciento al cobro mensual para cientos de comerciantes en toda la ciudad, mayoritariamente de bajos ingresos, que ahora tendrían que “ajustarse nuevamente los cinturones” para poder mantener sus permisos de funcionamiento.

2020 llegó y con los primeros meses del año también la pandemia de Covid-19. El nuevo contexto de restricciones y confinamiento resultó oportuno para los planes del gobierno municipal. Así fue como, durante el tercer trimestre del año y sin ninguna advertencia, el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez inició la aplicación del nuevo modelo recaudatorio. De esta manera, los costos que anteriormente eran de 571 pesos mensuales por permiso, pasaron a una nueva cuota de mil 40 pesos (en el primer cuadro) y 800 pesos (en el resto de la ciudad) por metro cuadrado.

No importó que la economía local enfrentará el mayor momento de crisis por la pandemia. El gobierno de Morales Vázquez asentó una “estocada fatal” para cientos de pequeños establecimientos de la ciudad a quienes no les quedó de otra que replegarse o cerrar definitivamente. Pero para el caso de los concesionarios de Convivencia Infantil había además un plan modificatorio adicional.

A finales de 2019 también se les notificó a los viejos comerciantes del parque infantil que la presidencia municipal había decidido establecer un nuevo contrato para cambiar su estatus de concesionarios a arrendatarios. En pocas palabras, quitarles las concesiones otorgadas hace más de 20 años para someterlos a un nuevo régimen de rentas temporales, bajo nuevas condiciones de cuotas y restricciones sobre uso de suelo.

A decir de Rita Elena Fausto Calderón, secretaria de la Unión de Concesionarios de Convivencia Infantil, no hubo ningún intento de diálogo o mesa de concertación para informar sobre la decisión unilateral. Sólo se les notificó que deberían pasar a firmar los nuevos contratos para mantener sus espacios de trabajo en el parque.

“Además de quitarnos la concesión para convertirnos en arrendatarios, se nos estableció una nueva modalidad de pago por metro cuadrado. Se trata de rentas mensuales prácticamente incosteables para quienes trabajamos ahí desde hace años. Imagínense, en casos como el del trenecito u otras atracciones grandes, las rentas son impagables, pues van de 40 mil a 400 mil pesos en los casos más extremos”, explicó.

A los locatarios no les quedó de otra que ampararse ante el Poder Judicial de la Federación para defender sus concesiones y el derecho a sus espacios de trabajo. A eso se debe que el nuevo modelo contractual del gobierno municipal fuera suspendido por una orden judicial, desatando la ira del entonces presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, quien evidentemente tenía intereses personales sobre ese espacio público.

Ahí es donde la pandemia por Covid-19 jugó también a su favor. Desde marzo de 2020 las medidas restrictivas justificaron el cierre del parque infantil y desde entonces ha permanecido cerrado, sin la posibilidad de diálogo para analizar su reapertura. No ha importando que Chiapas haya pasado por primera vez a “semáforo verde” desde diciembre y se mantenga así -de manera permanente- desde febrero.

No ha importado tampoco que las mismas autoridades municipales hayan autorizado desde hace nueve meses la reapertura de plazas comerciales, bares, restaurantes, gimnasios y salones de fiestas infantiles; o que actualmente Convivencia sea el único parque público cerrado de la capital chiapaneca, desde que se autorizó la reapertura de otros parques de mayor afluencia como Caña Hueca o el Parque del Oriente en agosto del año pasado.

El argumento que hoy mantiene a Convivencia Infantil cerrado al público es hipócrita y contradictorio, en una ciudad donde todos los demás espacios de alta afluencia funcionan con absoluta normalidad y descontrol sanitario. Lo que Carlos Morales Vázquez y su gobierno interino no quiere decir es que de fondo hay un capricho con evidentes “intereses oscuros” para desplazar a los concesionarios y apoderarse del control comercial de los espacios.

Lo que el gobierno municipal no dice, es que al interior del parque infantil sí hay afluencia de personas todos los días; que a la mala ya comenzaron apoderarse de los espacios; y que desde hace meses acondicionaron oficinas municipales dentro del complejo donde hoy operan las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal y el Instituto Municipal de la Juventud, con todo su personal.

El actual ayuntamiento tuxtleco ha omitido mencionar que desde hace años se ha desentendido del mantenimiento del parque, dejando la responsabilidad a los concesionarios; que ha negado el suministro de agua potable al complejo, obligando al pago de pipas por parte de los comerciantes; y que la energía eléctrica también corre a cuenta de los concesionarios. Todo bajo la condición de que los comerciantes mantengan los derechos sobre sus espacios.

Actualmente el ayuntamiento se ha negado a recibir el pago de las cuotas mensuales establecidas antes del 2020 como fue estipulado en el amparo constitucional, por lo que existe una “fe de hechos” al respecto. No hay disposición para consensar el asunto. Ni siquiera con el anuncio hecho este martes sobre el supuesto estudio de factibilidad para una posible reapertura que, para variar, tampoco fue informado con los comerciantes involucrados.

Carlos Morales y su gobierno interino deben sacar las manos de Convivencia y dejar de pretextar una falsa preocupación epidemiológica sobre el parque infantil, que resulta hoy francamente inverosímil. Sus turbios planes sobre el espacio público han quedado al descubierto con el paso de los meses y las contradicciones de su gobierno para usar a la pandemia como medio de acoso y hostigamiento contra los antiguos concesionarios… así las cosas.

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