Indígenas de Bochil exigen diálogo con Alejandro Encinas

Fotografía: Christian González

Texto: Christian González

Bochil (Ch24/7). Diana López recuerda que en 2019 cerca de 50 policías, cubiertos del rostro, entraron a su casa y golpearon y se llevaron a su padre, maestro bilingüe de profesión, al penal número 5 de San Cristóbal, donde ya tiene siete meses. Lo acusaron de motín y, “como cereza del pastel”, de matar a un soldado.

Acompañada por su madre y por otros familiares, explica que el único “delito” de Sebastián López Hernández, originario de la comunidad Llano Grande de esta misma población, fue haber “levantado la voz” en contra de las autoridades municipales y del estado, ante la falta de acciones en favor de los más necesitados; era un luchador social.

“Ese día a mi mamá la tiraron, a mi hermano lo agarraron del pelo y lo bajaron, a rastras, de las escaleras”, advierte la joven.

Por ello ayer, cerca del mediodía, ni la contingencia que se vive en México por la pandemia del coronavirus los frenó: alrededor de 8 mil pobladores de este municipio indígena de Chiapas marcharon, por al menos 2 kilómetros de carretera, para exigir la libertad de 9 “presos políticos” y un encuentro con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación.

Varones y mujeres, algunos con mantas y cartulinas con leyendas de protesta, bloquearon un tramo de la vía terrestre, a la altura de la colonia San Vicente, pues presionan para que el alcalde verde-ecologista de ahí, Gildardo Zenteno Moreno, sea removido del cargo.

De nueva cuenta Diana advierte que, lo más seguro, es que se trató de una venganza política lo que mantiene a su papá en prisión, donde además —agrega— se ha mermado su salud, “no nos permitían que los atendieran los médicos, ni que le proporcionaran medicinas; nos costó mucho”.

Rosa López Hernández sostiene una manta en la que se exige la libertad de Francelia Gómez López, excandidata por el partido Morena quien, en la actualidad, está en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como “El Amate”, en Cintalapa acusada, junto con su esposo Ricardo López Hernández y el resto de sus compañeros, por motín.

Sin embargo, a la entrevistada, a quien se le “escapan” las lágrimas por el dolor de no tenerla en casa, lo que más le duele es que su hija fue encerrada de forma injusta y recién embarazada, “y hace apenas una semana nació mi nieto, no puede estar en la cárcel, ya tiene más de un año ahí; Encinas prometió que vendría, que la dejarían libre”.

“¡No hay peor virus que Gildardo!”, la respaldan, al unísino, quienes la acompañan en el contingente que avanza a paso semilento con rumbo hacia otro poblado cercano, Soyaló.

Gildardovirus, ¡fuera represor!”, evocan los manifestantes en contra del presidente municipal quien, según ellos, tiene a su poder un grupo de jóvenes de la Guardia Nacional para que le “cuiden la espalda”, es decir que le custodien su casa.

GOBIERNO “HA SIDO UNA PIEDRA EN EL ZAPATO”. Por su parte, José Luis Pérez Díaz, vocero de las comunidades indígenas en resistencia de Bochil, deja en claro que el gobierno del estado “ha sido una piedra en el zapato” debido a que protege al munícipe Gildardo Zenteno e impide, además, que Alejandro Encinas llegue a su poblado y regrese la paz.

Asimismo, comenta que, entre otras exigencias, como pueblo solo demandan manejar las obras emanadas del Copladem, “no pedimos dinero, solo que nos dejen a nosotros encargarnos de las mismas, ¿qué tiene de malo? ¿Qué intereses hay de por medio?”

La “pólvora” se encendió en esta localidad luego de que a Francelia Gómez le quitaran la alcaldía que ganó en las urnas en 2018. Pero el año pasado fue peor, pues tras disturbios entre pobladores, un elemento castrense cayó abatido por un disparo en la cabeza.

Como resultado, la autoridad chiapaneca encarceló a varios habitantes que no congenian con el actual alcalde quien, según los inconformes, inventó otro delito a algunos de los actuales encarcelados: el asesinato de ese militar, lo que no está incluido en la carpeta de investigación que abrió, en su momento, la Fiscalía General del Estado (FGE).

Incluso se advierte que el propio presidente utilizaría a su gente para detonar los balazos en contra del elemento de la GN y lograr su cometido: “engañar” al propio gobierno estatal.

“No somos criminales, todos queremos paz, justicia. Nuestra demanda principal es destrabar la crisis política en Bochil, con la presencia de Encinas, porque sentimos que solo así se respetarían los derechos comunitarios, pues de lo contrario el gobierno de Chiapas meterá a más compañeros a prisión”, concluye José Pérez, quien advierte que está amenazado.

Otro temor que evidencian los pobladores es que los 91 millones de pesos del presupuesto de este año no sean ejercidos como debería de ser, es decir que la mayor parte de ese recurso quede en manos del edil Gildardo Zenteno, a través de un sistema de obras por contrato.

“Dignidad, respeto a las comunidades indígenas o muerte”, fue la sentencia de quienes se unieron para exigir justicia.

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