En Tila, paramilitares matan a cinco personas y hieren a diez más

Fotografía: Ch24/7

A. Chávez

Tuxtla Gutiérrez (Ch24/7). A pesar de que los gobiernos Federal y Estatal tenían conocimiento del control impuesto por un grupo de corte paramilitar en el municipio de Tila, el cual presuntamente mantiene el trasiego de drogas y el cobro por derecho de piso, la tarde de este viernes uno de los pobladores de ese municipio, Francisco Arturo Sánchez Martínez, denunció en las afueras del Palacio de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, que cinco habitantes acababan de perder la vida a balazos, entre ellos su suegro, y diez más resultaron heridos en un ataque ordenado por los autodenominados “ejidatarios autónomos” del Congreso Nacional Indígena-Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CNI-EZLN) de los poblados de Chilón y Bachajón y tres clérigos de la zona que profesan la “teología de la liberación”, una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes.

Sánchez Martínez señaló que el 21 de agosto de este año, los habitantes de Tila solicitaron al secretario de Gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, la intervención de la Guardia Nacional, pero “nunca hizo caso a nuestras peticiones”. Incluso, en febrero pasado viajaron a la Ciudad de México para exponer la problemática a Alejandro Encinas, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población, la cual dirigió el oficio Segob/SDHPM/0683/2020 y misma que no prosperó.

También afirmó que el ataque armado fue financiado por el alcalde de Tila, Limber Gregorio Gutiérrez, un cacique que ha gobernado el municipio desde hace 18 años.

Acompañado por familiares, Sánchez Martínez denunció la presunta omisión del Gobierno Estatal, pasando por el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca; el delegado del gobierno de Yajalón, Alejandro Jiménez Jarquín, acusado de tergiversar la información y señalar a las víctimas como integrantes del grupo de choque “Paz y Justicia”, y el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno, Carlos Esquinca Cancino, un funcionario conocido por su presunta corrupción y quien fue el brazo derecho de Fernando Castellanos Cal y Mayor cuando éste, en calidad de alcalde de Tuxtla Gutiérrez, arrasaba con las finanzas que hoy en día los tuxtlecos padecen.

La confrontación entre ejidatarios y habitantes se registró minutos antes del mediodía de este viernes y respondió a que los pobladores liberaron el acceso al municipio, el cual era controlado desde hace cinco meses por paramilitares bajo las órdenes de los clérigos Heriberto Cruz Vega, Bernabé  Altamirano Díaz y otro identificado con el nombre de Matías, así como por los ejidatarios autónomos.

Por varias horas, los habitantes de Tila se mantuvieron en zozobra, debido a que los accesos fueron bloqueados por ejidatarios, quienes no permitieron el ingreso de la fuerza pública ni de los servicios de emergencias, mientras que en el hospital comunitario el personal médico se encontraba atemorizado, temiendo una agresión si atendía a los heridos.

Más tarde llegó a la cabecera municipal un helicóptero de Protección Civil con paramédicos para trasladar a algunos de los lesionados a un hospital en Palenque.

De acuerdo con la denuncia, los habitantes de Tila han sufrido amenazas por parte de ejidatarios que se quedan con los más de 13 millones de pesos anuales que capta el cobro de derecho de piso en las ferias del municipio, afirmó Sánchez Martínez.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Base “Digna Ochoa”, sostuvo que el comisariado ejidal de esa población, Miguel Vázquez Gutiérrez, señaló como principal desestabilizador al mismo Francisco Arturo Sánchez Martínez, familiar de uno de los fundadores del grupo paramilitar Paz y Justicia; sin embargo, Sánchez Martínez desmintió tal aseveración.

Entre los cinco muertos de este viernes, están Elmar Martínez López, profesor jubilado; Adelaida Martínez Parcero, de profesión médica, y Pablo Vázquez Álvarez.

Con información de Christian González y Gabriela Coutiño

Foto: Ch24/7
Francisco Arturo Sánchez Martínez, en las afueras del Palacio de Gobierno. Foto: Marco A. Rangel

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